Ecuador anuncia que buscará que México retire el estatus de refugiado al exministro Walter Solís

El Gobierno de Ecuador informó que inició gestiones para buscar la cancelación del estatus de refugiado al exministro ecuatoriano de Transporte y Obras Públicas Walter Solís, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Rafael Correa y fue condenado en dos casos por corrupción.El Ministerio de Gobierno ecuatoriano informó el lunes que pidió al Ministerio de Exteriores que “gestione, mediante los canales diplomáticos correspondientes, la cancelación del estatus de refugiado otorgado a Walter Hipólito Solís Valarezo en los Estados Unidos Mexicanos”.El pasado 20 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aseguró que Solís “mantiene su libertad y mantiene el estatus de refugiado, el cual le fue otorgado de conformidad con el procedimiento establecido”, después de que la Interpol lo detuvo el pasado 20 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a pedido de un juez federal con fines de extradición.Solís fue ministro de Estado desde 2010, cuando asumió la Secretaría Nacional de Agua, y en 2015 pasó al Ministerio de Obras Públicas, hasta su renuncia en 2016.En un comunicado publicado en la red social X, el gobierno ecuatoriano señaló que “sobre Solís pesa una orden de prisión preventiva dictada en el caso del denominado ‘Reconstrucción de Manabí’, para lo cual la autoridad judicial respectiva solicitó la localización y captura a la Interpol, la misma que ya fue aceptada”.Señaló que “la Justicia declaró la malversación de fondos públicos por parte de Solís, a quien sentenció a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso denominado ‘Sobornos’ y a ocho años más por el delito de peculado en el caso conocido como ‘Senagua’”.“Solís debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, rendir cuentas ante la justicia, la ciudadanía ecuatoriana y la comunidad internacional, en consonancia con nuestro compromiso inquebrantable de combatir la corrupción y proteger los intereses del Estado”, sostuvo.Apuntó que los delitos por los que fue condenado “y ahora procesado” fueron cometidos “con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado”, antes de argüir que la petición presentada por el exministro en México “carece de fundamentos que se enmarquen en los preceptos establecidos por la normativa mexicana y demás instrumentos internacionales en materia de refugiados”.Solís recibió el estatus de refugiado por parte de México en 2021. Sobre él pesan dos sentencias, una por el caso ‘Sobornos’, que fue condenado a ocho años de cárcel, y otra por lavado de dinero cuando estuvo al frente de la Secretaría de Agua, también condenado a ocho años de prisión. Recientemente se le vinculó al caso ‘Reconstrucción de Manabí’ y un juez dictó prisión preventiva.La Justicia ecuatoriana investiga a Solís por presunto lavado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, en el que también se encuentra procesado el exvicepresidente de Correa, Jorge Glas, que actualmente está detenido en la cárcel de La Roca de Guayaquil, luego de que la policía ecuatoriana asaltara la embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril, en un caso que se encuentra en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).El pasado 21 de noviembre, Miguel Olmedo Robles, quien forma parte de la defensa de Jorge Glas y Walter Solís, aseguró que México no tiene ningún interés en investigar el asalto a su embajada.Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Olmedo aseguró que el fiscal encargado del caso, perteneciente al área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), le dijo que la institución “no tenía interés en este asunto”, ya que los hechos habían tenido lugar en Ecuador y que le tocaba a México respetar la soberanía de ese país.“De manera muy concreta, yo lo que le dije al fiscal fue: nosotros vamos a tener toda la información para que ustedes sepan quiénes, con nombre y apellido, se metieron y secuestraron a nuestro cliente. Y el fiscal federal me dijo que ellos no tenían interés en este asunto, que era un asunto que había acontecido en otro país y que lo que tocaba era que México respetara la soberanía de ese otro país, tal cual”, apuntó.El abogado dijo que las palabras del fiscal encargado del caso representan una posición de la FGR como institución. “Tan es de forma institucional esa negativa, que a nosotros nos han puesto todas las trabas”, apuntó, por lo que han promovido un juicio de amparo en el caso. “Nos han dicho que no va a prosperar porque no hay la voluntad política de México de meterse en este asunto”. En ese sentido, consideró que el Estado mexicano maneja un peligroso doble discurso, pues mientras la FGR no investiga las circunstancias de la detención de Glas, un juez mexicano brinda apoyo “al gobierno represor y delincuente de [Daniel] Noboa para extraditar a refugiados que el Gobierno mexicano así reconoce”, como el exministro Walter Solís.Sobre la detención de Solís, narró que ese 20 de noviembre, agentes de la policía federal ministerial acudieron al domicilio del exfuncionario, quien vive en México desde 2020, y se lo llevaron detenido a las instalaciones de la FGR en el aeropuerto capitalino, donde se corroboró que un juez del Reclusorio Sur había ordenado su aprehensión con fines de extradición a Ecuador.Olmedo enfatizó que Walter Solís está reconocido como refugiado desde 2021, por lo que acudió en calidad de abogado al aeropuerto, donde también se presentó personal de la SRE, que le mostró al fiscal federal el acuerdo de refugio, lo que derivó en que se dejara en libertad al exministro.“No sé cómo un juez federal puede dictar una orden de extradición respecto de alguien que tiene una calidad de de refugiado y que lo quiere mandar al país de donde se fue; es una locura, ¿no? Y más tomando en cuenta que Ecuador es un país donde tenemos denunciado al presidente [Daniel Noboa] por el secuestro” del exvicepresidente Jorge Glas.Mencionó que una muestra de la persecución política en contra de Walter Solís es que la propia Interpol ha cancelado varias fichas rojas que ha pedido Ecuador en su contra, “porque no se presta para ser instrumento represor de ningún gobierno”.Adelantó que la defensa de Solís revisará por qué un juez federal ordenó de la detención con fines de extradición del exfuncionario, si éste tiene la condición de refugiado, y cuestionó que la FGR no “quiera investigar” el asalto a la embajada mexicana en Quito ni el “secuestro” de Jorge Glas.Por su parte, el abogado Moisés Montiel, quien también forma parte de la defensa de Walter Solís, detalló que la fiscalía ecuatoriana ha implicado a su cliente con el “Caso Sobornos”, que tiene que ver con el presunto desvió de recursos de la reconstrucción de la provincia de Manabí, luego de un terremoto.“La fiscalía imputa una serie de malversaciones de fondos con unas formas de participación, en el caso del señor Solís, muy remotas del hecho central. Esto hay que circunscribirlo a un contexto donde el Estado ecuatoriano utiliza el aparato de justicia para castigar, reprimir y encarcelar a la disidencia política, y el acuerdo de refugio de Walter es la mejor prueba de que por lo menos en la opinión del Estado mexicano, él es un perseguido político […] por eso no se le puede devolver al Estado de la persecución, es un refugiado cuyo principal derecho es el de no ser devuelto al país que lo está persiguiendo indebidamente”, enfatizó.Montiel consideró que el paso siguiente será revisar cómo los pedidos de extradición se pueden convertir en órdenes de aprehensión, y si otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa se pueden ver afectados por esa circunstancia, habida cuenta de que la mayor parte de ellos son asilados o refugiados.Ve la entrevista completa:(Con información de Europa Press y Aristegui Noticias)