En tiempos de debate intenso sobre la reforma del Poder Judicial, revisar el pensamiento jurídico de Francisco, el papa jesuita, nos brinda un referente sólido para orientarnos en la turbulencia. Con independencia de lo que finalmente se decida tras los últimos debates legislativos, lo cierto es que dicho referente define un estándar sólido para ponderar los alcances y límites de la recién aprobada reforma. Esto es relevante en un país donde la desconfianza hacia las instituciones ha permeado todos los niveles sociales: la justicia, o la falta de ésta, ha sido un hilo conductor de muchas de nuestras crisis.
Antes de iniciar propongo recurrir a dos definiciones fundamentales para el curso de esta discusión: la de derecho y la de derecho penal. Con relación al primer término, vale la pena recordar el criterio del Dr. Miguel Villoro Toranzo, S. J., quien sostenía que el derecho es «un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica». Por lo que toca a la noción de derecho penal, vale la pena recurrir a la definición desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de acuerdo con la Corte, el derecho penal democrático se refiere a un modelo de justicia penal que respeta los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho, especialmente en lo que concierne a la protección de los derechos humanos[1].
Teniendo en cuenta este punto de partida, las ideas del Papa Francisco ofrecen una brújula ética para repensar nuestro sistema judicial, especialmente al recordarnos que la justicia debe estar al servicio de la dignidad humana y no de intereses políticos o económicos inmediatos.
A la luz de lo anterior, el propósito de estas líneas es ofrecer una reflexión general sobre su pensamiento jurídico. Considero que ello resulta relevante en el marco de los desafíos que enfrenta el derecho mexicano contemporáneo, especialmente en su dimensión penal. Mi intención es desatacar el hecho de que las ideas del Pontífice pueden contribuir a la búsqueda de una justicia más humana y equitativa en México.
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Profundamente marcado por su sensibilidad hacia aquellos que han sido marginados, el pensamiento jurídico del papa Francisco encuentra sus raíces en la labor pastoral que realizó en Argentina, cuando era conocido simplemente como Jorge Mario Bergoglio, S. J. En efecto, como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio se sumergió en las realidades de la pobreza y la exclusión. Al hacerlo, desarrolló una visión que coloca en el centro la búsqueda de la dignidad humana y la justicia social.
Su compromiso con los oprimidos nunca fue abstracto. Por el contrario, se nutrió siempre de su experiencia directa con las víctimas de la desigualdad y la injusticia. Esta cercanía con los olvidados moldeó las convicciones jurídicas de Francisco, especialmente al abogar por una justicia que no sólo respete las leyes, sino que también sea capaz de reparar el tejido social roto y dar voz a aquellos que han sido silenciados.
Un exponente central de esta manera de pensar se encuentra en la encíclica Fratelli Tutti, dada a conocer en 2020. De forma complementaria, Francisco se ha referido al derecho en diversas alocuciones ante comunidades de jueces, penalistas y otros operadores legales. En todas sus intervenciones públicas emerge un pensamiento claro y consistente: al Santo Padre le preocupa el impacto del derecho y sus instituciones en las personas más empobrecidas, así como la distancia entre la norma y la práctica.
A propósito de la importancia de la independencia judicial, en Fratelli Tutti el Papa recuerda que en el Nuevo Testamento «al tiempo que se pide a los particulares no tomar la justicia por cuenta propia, se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran el mal». Inmediatamente después añade:
En efecto, «la vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta adecuada». Esto implica que la autoridad pública legítima pueda y deba «conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos» y que se garantice al poder judicial «la independencia necesaria en el ámbito de la ley».
Durante una cumbre de jueces panamericanos en 2019, Francisco recordó que tanto a los operadores jurídicos, como a las personas juzgadoras, se les pide «consagrarse al servicio de la justicia y del bien común con el llamado constante a que los derechos de las personas y especialmente de los más vulnerables sean respetados y garantizados».
Así, Francisco les sugiere a las y los jueces una aproximación empática frente a los problemas que viven los más pobres; las y los descartados de este mundo, como él les llama: «el derecho no es solamente la ley o las normas, sino también una praxis que configura los vínculos, lo cual los transforma». Añade que esto invita «a movilizar toda la imaginación jurídica a fin de repensar las instituciones y hacer frente a las nuevas realidades sociales que se están viviendo».
Más adelante, el Papa insiste: «Es muy importante, en este sentido, que las personas que lleguen a los escritorios de ustedes y a sus mesas de trabajo sientan que ustedes han llegado antes a ellos, que ustedes han llegado primero, que ustedes los conocen y los comprenden en su situación particular, pero especialmente reconociéndolos en su plena ciudadanía y en su potencial ser agentes de cambio y transformación».
El planteamiento anterior guarda relación con la visión de la Compañía de Jesús. Para los jesuitas, la opción preferencial por los pobres históricamente se ha planteado como un compromiso ético que desafía las estructuras de injusticia y desigualdad en la sociedad. Los jesuitas promovemos así un derecho que no sólo sea equitativo y accesible a todas y todos, sino uno que privilegie el bienestar de los oprimidos y marginados.
Con más de 25 años de experiencia como defensor de derechos humanos, yo mismo he podido constatar los desafíos a los que se enfrentan los operadores de nuestro sistema de justicia. Como jesuita, como abogado y como investigador, he acompañado distintos procesos de violación y atropello de los derechos humanos de quienes son más vulnerables.
Durante mi gestión como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asumí la defensa integral de distintas personas consignadas a cumplir procesos penales de un modo arbitrario y desproporcionado. Así, mi paso por el Centro Prodh me hizo entender que México se encuentra en deuda permanente con quienes diariamente sufren los abusos de un sistema que, lejos de garantizar sus derechos, los vulnera sistemáticamente.
Por eso los jesuitas hemos buscado ser congruentes con nuestra misión a lo largo de las primeras décadas de este siglo. Aspiramos a que la justicia social y el desarrollo integral sean puntos de partida para todas nuestras iniciativas educativas, sociales y pastorales, orientando sus esfuerzos a transformar las realidades adversas y promover un sistema en el que la dignidad de todas las personas sea salvaguardada. Miramos con especial interés el desarrollo de los debates que han tenido lugar recientemente con relación a la Reforma Judicial: sabemos que toca ser críticos y, al mismo tiempo, dialogantes.
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Uno de los puntos más críticos de la Reforma Judicial es el abuso de la prisión preventiva oficiosa. En México, el 42% de los presos no han sido condenados, y muchos de ellos llevan años esperando juicio, bajo condiciones inhumanas que sólo contribuyen al deterioro social. Como señala el Papa, la prisión preventiva, cuando «se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido», es una forma de pena ilícita oculta. Su uso indiscriminado viola los principios básicos de la justicia.
No podremos reformar el sistema judicial sin enfrentar este problema. Se trata de una contradicción que afecta a los detenidos y, al mismo tiempo, sobrecarga a un sistema penitenciario en crisis. En lugar de construir más cárceles, el camino hacia la justicia pasa por garantizar procesos justos y oportunos, para evitar la condena de inocentes por el simple hecho de no poder pagar su libertad provisional.
El papa Francisco desarrolló reflexiones puntuales sobre este tema en el mensaje que dirigió en 2014 a la Asociación Internacional de Derecho Penal. En dicha ocasión alertó sobre la tendencia —observable en muchos países— al «populismo penal». La efervescencia de los debates electorales sólo ha alentado esta tendencia tanto en México como en otros países de América Latina.
En su mensaje, Francisco se manifestó en contra de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, así como en contra de los malos tratos a las personas privadas de la libertad, sobre todo en prisiones de máxima seguridad. Igualmente, condenó el empleo de la tortura y el uso de castigos penales severos para procesar a adolescentes en conflicto con la ley. Al mismo tiempo, también censuró abiertamente el abuso de la prisión preventiva.
Sobre esta última cuestión, Su Santidad ofrece una reflexión especialmente relevante para México. Ello es así dado el proceso de expansión de la prisión preventiva oficiosa que hemos atestiguado en los últimos años:
El fenómeno contribuye al deterioro aún mayor de las condiciones de detención, situaciones que la construcción de nuevas cárceles no logra jamás resolver, desde el momento que cada nueva cárcel completa su capacidad ya antes de ser inaugurada. Además, es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares como lugares de detención. La cuestión de los detenidos sin condena se debe afrontar con la debida cautela, desde el momento que se corre el riesgo de crear otro problema tan grave como el primero, si no peor: el de los reclusos sin juicio, condenados sin que se respeten las normas del proceso.
Por otro lado, Francisco también ha destacado la relevancia de dirigir la persecución penal hacia los fenómenos ilícitos que realmente lastiman a las personas. De hecho, dedica algunas líneas del documento citado a ahondar en la importancia de que se persigan la trata de personas y la corrupción.
Su visión reconoce el papel legítimo del Estado en la imposición de penas, pero subraya la necesidad de que éstas sean proporcionales a la gravedad de los delitos. Ello nos enfrenta a una paradoja en el México contemporáneo: tenemos una justicia que parece actuar con fuerza desmedida contra los sectores más vulnerables de la sociedad, al tiempo que permite la impunidad de quienes son más poderosos. Se trata de una realidad que el papa Francisco anticipa con precisión al decir que «la sanción penal es selectiva, como una red que captura sólo los peces pequeños, mientras deja a los grandes libres en el mar».
Finalmente, otra cuestión que ha suscitado su preocupación es la de los enormes desafíos que viven las juezas y jueces en su labor cotidiana. Al respecto, advierte que muchos magistrados trabajan en soledad, enfrentando «las murallas de la difamación y del oprobio». En México, donde la independencia del Poder Judicial ha sido puesta en duda, esta soledad puede ser aún más peligrosa.
Sin embargo, el papa Fransisco nos recuerda que los jueces «son poetas sociales», capaces de transformar el sistema judicial cuando su actuar se basa en «el valor, la justicia y la primacía de la dignidad de la persona humana». Por eso, una verdadera reforma debe proporcionarles la independencia necesaria, blindada contra la presión de poderes externos. Sobre todo, debe ser guiada por una ética que coloque la dignidad humana en el centro de su misión.
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A la luz de estas consideraciones, es necesario reconocer que cualquier reforma que pretenda mejorar la justicia en México debe enfrentarse con valentía a las estructuras de corrupción que han pervertido nuestro sistema legal. El papa Francisco señala que la corrupción a ser perseguida con mayor severidad es aquella que causa «graves daños sociales», especialmente los fraudes contra la administración pública y los obstáculos interpuestos en el funcionamiento de la justicia para procurar impunidad.
Como previamente, la corrupción en México ha creado un doble sistema de justicia: uno para los poderosos, que pueden evadir las consecuencias de sus actos, y otro para los más vulnerables, que sufren todo el peso de la ley sin las mismas garantías. Por eso en otro mensaje el papa insiste en señalar que la misión de los operadores judiciales —abogados, jueces, fiscales, defensores— es trascendente y crucial. «El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derecho y preservar el equilibrio institucional y social», concluye el Santo Padre.
En este sentido, es fundamental que el malestar generalizado ante la impunidad y la corrupción no se instrumentalice para promover propuestas que, lejos de resolver los problemas estructurales del sistema de justicia, sólo agraven la situación al ampliar los márgenes de control político sobre la judicatura. La tentación de convertir la indignación ciudadana en una justificación para reformas que socaven la independencia judicial es peligrosa. En lugar de fortalecer un Poder Judicial autónomo, necesario para garantizar el acceso igualitario a la justicia, se corre el riesgo de consolidar un sistema en el que las decisiones judiciales respondan más a los intereses del poder que a los principios de justicia y equidad.
Por ello, la Reforma Judicial en México no puede limitarse a cambios superficiales o a la creación de nuevas estructuras. Debe ser una reforma que, como bien dice el papa Francisco, esté basada en la «primacía de la dignidad de la persona humana», que garantice la independencia judicial y que aborde con seriedad las raíces profundas de la injusticia en nuestro país: la corrupción, la impunidad y el uso abusivo de la prisión preventiva. Sólo entonces podremos hablar de un verdadero sistema de justicia; uno que más allá de castigar, repare, restituya y promueva la reconciliación social que tanto necesitamos.
«Es fundamental que el malestar generalizado ante la impunidad y la corrupción no se instrumentalice para promover propuestas que, lejos de resolver los problemas estructurales del sistema de justicia, sólo agraven la situación al ampliar los márgenes de control político sobre la judicatura». Luis Arriaga Valenzuela, S.J.
Para saber más
Francisco, “Discurso del Santo Padre Francisco en la Cumbre de Jueces Panamericanossobre Derechos sociales y Doctrina franciscana”, Ciudad del Vaticano (2019) [en línea]. Disponible en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190604_giudici-panamericani.html
Francisco, Fratelli Tutti: sobre la fraternidad y la amistad social, Ciudad del Vaticano, Le vie della Cristianitá (2020), [en línea]. Disponible en:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
Francisco. “Discurso del Santo Padre Francisco a una Delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal”, Ciudad del Vaticano (2014) [en línea]. Disponible en:https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
Miguel Villoro Toranzo, Introducción al estudio del derecho, Ciudad de México, Porrúa (2020), p. 127.
López, Dayán Gabriel y Martínez, Isnel “Globalización, política criminal y rumbos del derecho penal en el contexto de la sociedad del riesgo”, Prolegómenos, vol. 23, no. 45 (2020), pp. 15-32
Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del derecho, México, Porrúa (2020), pp. 540.
[1] Al respecto véase, por ejemplo, la Opinión Consultiva OC-14/94 (1994), en la que la Corte se pronunció a favor de los derechos humanos en el ámbito penal, aclarando principios fundamentales como los de legalidad y proporcionalidad de las penas. Cfr. con Dayán Gabriel López e Isnel Martínez, “Globalización, política criminal y rumbos del derecho penal en el contexto de la sociedad del riesgo”, Prolegómenos, vol. 23, no. 45 (2020), pp. 15-32
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