GN será aliada del poder político y no de la ciudadanía, advierten expertos

En la mesa de análisis de Aristegui en Vivo, Daira Arana, investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UCSD, dijo que la integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no resolverá las necesidades de seguridad de la ciudadanía. En tanto, Ernesto López Portillo, Coordinador Programa de Seguridad Ciudadana IBERO CDMX, señaló que se requerirá elevar los estándares de control de las fuerzas armadas.SegúnArana, los datos presentados en las conferencias matutinas del presidente evidencian que la estrategia de militarización de la Guardia Nacional, “no es funcional; no reduce significativamente los homicidios ni los delitos que viven diariamente las personas“.Recalcó que, a pesar de los esfuerzos, los indicadores de delitos como la violencia familiar, por ejemplo, se reporta como uno de los más comunes en las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no han mostrado mejoría. “Eso no se reduce ni se ha reducido con la intervención de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional en la dimensión en la que interactúa”, explicó.Cuestionó el enfoque militar de la reforma, argumentando que “la GN tendrá disciplina militar”, lo que implica una “dimensión bélica” en las intervenciones de seguridad pública.Foto: Archivo“Lo que observamos cuando interviene el Ejército en tareas de seguridad pública es que se aumentan las dinámicas bélicas, lo que incrementa la probabilidad de que se utilicen las armas de fuego contra las personas, atentando contra su derecho a la vida y a la integridad personal”, advirtió.Además, hizo referencia a datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad, que dijo, han sido analizados por especialistas como Sergio Padilla y Carlos Silva Forné e indican que “una intervención con características militarizadas aumenta la probabilidad de tortura y, sobre todo, tortura sexual hacia las personas”.Arana lamentó que, a pesar de esta evidencia, los legisladores continúen ignorando el impacto negativo de la militarización sobre los derechos humanos.“La estrategia militarizada solo va a apuntar a mayores violaciones de derechos humanos de las personas, sobre todo su violación a su derecho a la vida y la integridad”, agregó.Instó a una reflexión crítica sobre el uso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la seguridad pública y criticó el pase de la Guardia Nacional como Fuerza Armada permanente.Arana advirtió que si  la Guardia Nacional no cambia sus prácticas y se enfoca en proteger a la ciudadanía, “no va a darle resultados más que al poder político“.Por su parte, Ernesto López Portillo, destacó que hubo dificultades para que la ciudadanía organizada pudiera acceder a  una “deliberación efectiva” en temas de seguridad que involucran a las Fuerzas Armadas.Subrayó que la falta de transparencia en las discusiones sobre seguridad nacional en México crea un “candado civil y militar”, y dificulta que se lleven a cabo explicaciones y justificaciones necesarias sobre la actuación de las Fuerzas Armadas ante la sociedad que deben servir.Criticó la reticencia del gobierno a elevar los estándares de control sobre las Fuerzas Armadas, lo que, a su juicio, representa un déficit estructural que amenaza el Estado de Derecho y la democracia en el país.Además, hizo hincapié en que, a pesar de las leyes que buscan establecer un mayor control sobre el uso de la fuerza, su implementación en la práctica sigue siendo deficiente.Foto: Archivo. Cuartoscuro“No vamos a tener la seguridad ciudadana que anhelamos si no controlamos cómo se utiliza la fuerza”, afirmó, instando a los partidos políticos a asumir un compromiso real en este sentido.Por último, señaló la falta de coherencia entre el despliegue de la Guardia Nacional y las áreas con mayores tasas de homicidio, evidenciando una preocupación por los resultados de esta institución.“Los indicadores de desempeño de la Guardia Nacional están muy por debajo de los estándares de las policías municipales y estatales”.Según López Portillo, la tutela militar de la GN representa una “capitulación”del Estado respecto a su responsabilidad en la seguridad pública, especialmente cuando la evidencia internacional sugiere que el incremento en la disponibilidad de armas está asociado con un aumento en los homicidios intencionales.”Cuestionó que, a pesar de la intuición que podría llevar a pensar que un mayor acceso a armas incrementaría la seguridad, esta afirmación necesita ser respaldada por datos concretos.Foto: Archivo“La evidencia demuestra que abrir la válvula del acceso a armas sin asegurar la presencia del Estado para proteger a los ciudadanos solo conduce a más violencia“, advirtió.El coordinador del progama de Seguridad Ciudadana de la IBERO CDMX hizo énfasis en la percepción dominante en la clase política y la sociedad a favor del endurecimiento de las medidas de seguridad, e insistió en el la milicia “nunca ha representado a las izquierdas” y su instrucción es para enfrentar “guerras”Afirmó que, a pesar de que investigaciones indican que el aumento de recursos y poderes en el aparato de seguridad no necesariamente resulta en una mejora de la seguridad, aunque existe una gran aceptación social hacia estas políticas, impulsada por la desesperanza y la experiencia de victimización.López Portillo recordó que, a principios del actual sexenio, se propuso al Congreso la creación de una mesa de análisis para examinar la evidencia acumulada sobre el desempeño militar en el país, pero esta propuesta no fue atendida.Reiteró la importancia de basar las discusiones legislativas en evidencia y de establecer un marco ideológico que contemple las experiencias de seguridad de la población.“Es fundamental que el discurso político no ignore la evidencia y que se reconozca que la ideología dominante a favor del endurecimiento ha sido perjudicial”, concluyó, haciendo un llamado a reconsiderar la estrategia de seguridad en el país tras 17 años de despliegue militar intenso.