A la Cámara de Diputados llegó la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para crear, entre otras, las secretarías de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de que se reestructura la Secretaría de la Función Pública para convertirse en la de Anticorrupción y Buen Gobierno. Se trata de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, y que en el artículo 8o. elimina la frase “Presidente de la República” y pone “La persona titular del Ejecutivo Federal”. En el artículo 26, se faculta a la persona titular del Ejecutivo federal, a asistir en lo que le corresponda, respecto de la elección de las personas integrantes del Poder Judicial. En torno a la Secretaría de las Mujeres, le corresponderá establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación, en el ámbito de su competencia de la política nacional, en materia de mujeres, adolescentes y niñas, igualdad, sustantiva y transversalización de la perspectiva de género. Deberá atender la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mujeres, adolescentes y niñas; sistema de cuidados, así como formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear las políticas públicas, con enfoque de género y de derechos humanos que aseguren la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al cuidado en los procesos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de las autoridades estatales y municipales para garantizar la observancia de estos principios en los tres poderes de la unión. Corresponderá a la nueva Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, elaborar y conducir la política pública en materia de profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia, en la gestión pública, rendición, de cuentas, fiscalización y anticorrupción de la administración pública federal. En este sentido, podrá emitir normas de investigación, fiscalización y auditorías internas, transversales o externas, incluida la fiscalización o auditorías de gabinete y electrónica o cualquier otro tipo de revisiones, así como realizar las investigaciones actos de fiscalización o auditorías que se requieran. La propuesta presidencial, señala también diversas disposiciones a las dependencias, como en el Artículo 30 Bis, en el que define las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como son coordinar el gabinete de ciudad del gobierno federal, más las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas en términos de ley, así como, en el Marco del sistema nacional de seguridad pública. Otorga mayores facultades al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que dice que tiene la atribución de proponer al Consejo nacional, de seguridad pública, y en su caso, coordinar las políticas, los estándares, lineamientos y protocolos en materia de arquitectura, infraestructura, desarrollo y equipamiento institucional, carrera policial y régimen de Seguridad Social; los criterios de distribución para la asignación de recursos federales y los esquemas de control y verificación respectivos. Los programas rectores y las políticas para la profesionalización y certificación de las instituciones de seguridad y justicia y de las personas que laboran en ella. En ese orden, precisa que podrá crear “los lineamientos y criterios para establecer, fortalecer y homologar los planes y programas para la formación y actualización policial, ministerial, pericial y penitenciaria”. Además, podrá realizar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 constitucional, funciones de seguridad a cargo de la Federación, para cuyo fin deberá organizar, dirigir y supervisar las instituciones bajo su suscripción para realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica de operaciones especiales y aprovechamiento de la tecnología informática, para generar y aportar mayores elementos de prueba que originen y fortalezcan carpetas de investigación ministerial, con la finalidad de qué los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles en juicio, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las dependencias competentes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le faculta a ejercer acciones para realizar la defensa de derecho a un medio ambiente sano y demás derechos humanos, relacionados con el medio ambiente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. También se le faculta a identificar e inspeccionar lugares y zonas en materia ambiental, en coordinación con las autoridades competentes, y en su caso, iniciar los procedimientos e imponer la sanciones y ordenar las medidas de seguridad y de urgente aplicación que resulten procedentes de conformidad con las disposiciones aplicables. En el documento también se presentan algunos cambios para la Secretaría de Agricultura, en la que se le faculta para formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural sustentable, que atienda de manera integral, a la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca para elevar la productividad, agroalimentaria, ordene la comercialización de los productos y el buen funcionamiento de los mercados agroalimentarios con el fin de contribuir al bienestar de las personas que habitan en el sector rural. El documento de la titular del Ejecutivo Federal expone que se trata de una reingeniería con la que buscan encabezar un gobierno honesto, libre de influyentismo, corrupción o impunidad, que establecerá un modelo de fiscalización del servicio público que garantice la integridad de la administración. Destaca, por ejemplo, la creación de la agencia de transformación digital y telecomunicaciones como las secretaría que responda ante el reto de lograr una gobernanza digital que responda al uso de nuevas tecnologías, maximizando los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, ante los 5 mil 463 trámites, de los cuales 4 mil 128, se realizan de manera presencial, es decir, el 75%. Sobre la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, argumenta que esta se da ya que persiste la exigencia de diversos sectores sociales de lograr, tanto la soberanía científica, como la independencia tecnológica de México, a través de la formulación de políticas públicas, en materia de humanidades, ciencias, tecnologías, e innovación, así como descentralizar y reordenar dicha institución, evitando duplicidad de funciones y permitiendo ahorros, presupuestales sin afectar los principios de humanismo, equidad, bienestar social, cuidado ambiental y conservación de la riqueza bio cultural. Seguir leyendo: Cortocircuito en el Tren Suburbano causa retraso en dirección a Buenavista | VIDEO “Si yo me hubiese levantado, ahí hubiéramos acabado a golpes y eso es lo que buscaba Alejandro Moreno”: Fernández Noroña
Llega a Cámara de Diputados, iniciativa presidencial para crear nuevas secretarías y reestructurar dependencias
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