El Senado mexicano aprobó una reforma al Poder Judicial que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la figura de “jueces sin rostro” ¿Cómo podría impactar en los derechos de las poblaciones LGBT+ y las mujeres?
La reforma al poder judicial aprobada el 11 de septiembre es solo una de 20 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año que busca modificar la Constitución mexicana.
Tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que la reforma al poder judicial “socava gravemente la independencia judicial y contraviene estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”.
“En México la mayoría de los derechos que la población LGBT ha obtenido ha sido atendida y garantizada a través del Poder Judicial Federal con acciones de inconstitucionalidad. Mediante litigios estratégicos y juicios de amparo promovidos por organizaciones. El Estado nos ha fallado en el acceso a la justicia y ahora lo que vamos a tener que hacer es tomar una posición más a la defensiva para organizarnos ante lo que se viene para tratar de proteger desde la sociedad civil lo más que podamos nuestros derechos y no permitir retrocesos”, advierte Ninde Molre, abogada y directora de México Igualitario, una organización que lleva trece años trabajando y acompañando asuntos en materia constitucional sobre matrimonio igualitario, pensiones por viudez para parejas LGBT+, identidad de género trans y no binarie, reconocimiento de hijes de madres y lesbianas, aborto, etc.
¿Qué es el Poder Judicial?
En México el poder está dividido en tres ppderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial que básicamente es el encargado de interpretar las leyes y verificar y proteger que las autoridades no violenten los derechos humanos de las personas. También interviene en controversias entre personas y poderes públicos cuando una ley o el acto de una autoridad viola garantías individuales que están consagradas en la Constitución, que es la ley más importante en todo el país.
Para eso usa distintas estrategias como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y tiene incluso la facultad de investigación. “Todos estos medios incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana”, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Poder Judicial es el que se encarga de resolver cuestiones a nivel federal y local (hay 32, uno por cada estado) donde también hay jurisdicciones especializadas en temas a nivel familiar, civil, electoral, mercantil, constitucional, fiscal, penal, etc.
¿Qué dice la reforma al poder judicial?
Jueces, magistrados y ministros serán elegidos por elección popular. Esto implica a más de mil 600 cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Les aspirantes deben tener el título profesional de licenciatura en derecho con un promedio mínimo de 8 y 9 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, al menos cinco años de experiencia profesional. Además, deberán elaborar un ensayo y entregar cartas de referencia. El Instituto Nacional Electoral (INE) será la institución encargada de llevar a cabo este proceso de elección popular, publicar los resultados y entregar las constancias a las candidaturas que obtengan la mayor cantidad de votos. Y después ingresarán a una tómbola.
Antes jueces, magistrados y ministros se ganaban un lugar por medio de exámenes de colocación, experiencia y evaluaciones abiertas y transparentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial. Les ministres de la SCJN eran elegidos por el presidente y luego se sometía a aprobación por el Senado.
Se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministres y un ajuste a sus remuneraciones. Ningúna persona ministra, jueza o magistrada podrá ganar un salarió mayor al de el o la presidenta del país.Para vigilar el actuar de las personas juzgadoras se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
La reforma al Poder Judicial fue presentada por el presidente Obrador con el fin de “acabar con la impunidad y la corrupción de jueces”. El día que se aprobó dijo durante su conferencia matutina que, “(los jueces) son responsables, en mucho, de la decadencia de nuestro país y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública”.
El proceso de votación estuvo rodeado de protestas y tensiones entre los partidos políticos de la hegemonía (Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo) y la oposición (PRI, PAN, PRD). El voto que definió la aprobación de la reforma vino por parte de un senador del Partido Acción Nacional (PAN) con antecedentes de delitos de corrupción.
En las horas subsecuentes, sin análisis, ni debate y de forma rápida más de 20 Congresos locales aprobaron la reforma al poder judicial. En ocho meses la ciudadanía será convocada a votar por más de mil 600 cargos judiciales.
¿Cómo podría impactar esta reforma a los derechos de poblaciones LGBT+ y las mujeres?
En México los derechos humanos de las poblaciones LGBT+ y mujeres muchas veces han sido obtenidos a través del Poder Judicial. Desde el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos como el aborto, hasta el matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidad de género de personas trans, el acceso a la pensión y viudez en parejas del mismo género, el reconocimiento de hijes por parte de madres y parejas lesbianas, etc.
Por medio de acciones de inconstitucionalidad pero también bajo las herramientas de juicios de amparo y litigios estratégicos, dos estrategias usadas por los activismos y organizaciones de la sociedad civil cuando una autoridad está violando derechos humanos.
En ese sentido, Ninde MolRe ve un riesgo en la reforma al poder judicial en tanto a cómo llegan las personas juzgadoras al proceso de elección, quiénes las pueden financiar y si tienen una postura antiderechos. Así lo explica:
“El proceso de elección de ministres, magistrades y jueces va a estar viciado porque ya no va a ser tanto sobre la experticia y la experiencia que tengan sino más bien por el poder convencer a la población para ser votadas. Corremos el peligro de que ahora lleguen discursos anti derechos y que entonces el día de mañana la Corte sea sumamente conservadora y que lo que hemos ganado hoy en materia de derechos y derechos sexuales y reproductivos vaya en retroceso como lo que hemos visto en Estados Unidos (con el litigio Roe vs. Wade de acceso al derecho al aborto)”.
Y agrega, “pero también yo si veo por ejemplo a un Eduardo Verastegui aprovechando esta coyuntura para influir en las personas candidatas a ministras y que sean personas de derecha. Además, personas como él fácilmente podría financiar esos escaños”.
La reforma propone la creación de “jueces sin rostro”, contraria a los ddhh
Se crea la figura de “jueces sin rostro” que se propone con el fin de proteger la identidad, seguridad y privacidad de personas juzgadoras en procesos que involucren a “la delincuencia organizada”.
Esta figura es declarada contraria a los derechos humanos por el sistema interamericano y por la ONU pues señalan que se viola el derecho a un juicio justo, se viola el principio de igualdad e imparcialidad pues se podría desconocer si la persona juzgadora está capacitada para llevar un juicio con el debido proceso y podría haber conflictos de interés.
Los jueces sin rostro ya habían sido propuestos antes por el ex presidente Felipe Calderón, quien instauró la estrategia de seguridad militarizada al declarar la “guerra contra las drogas”, con el fin de juzgar a narcotraficantes. En América Latina se ha usado en Perú, El Salvador y Colombia no solo para casos de crimen organizado, también para castigar a personas que se oponen al poder bajo cargos falsos.
En ese sentido esta reforma al poder judicial mexicano podría poner en riesgo la justicia penal y la figura de prisión preventiva oficiosa, que es cuando se detiene a una persona sin comprobar su culpabilidad por una serie de delitos. Y que de hecho, parte de las reformas constitucionales de Obrador es aumentar este catálogo de delitos.
“El derecho penal es la forma más violenta que el Estado tiene para violar los derechos de las personas y a quienes más se violenta es a mujeres, personas racializadas, personas empobrecidas y personas LGBT. Si ahora con esta reforma llega un juez o una jueza sin experiencia en temas penales, sin perspectiva de género o enfoque interseccionalwwh
atender un asunto de este tipo estas poblaciones están en más riesgo todavía”, explica la abogada Ninde MolRe.
Hasta 2022 cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que hay más de 88 mil personas privadas de su libertad que no cuentan con una sentencia y están detenidas sin comprobar que hayan cometido un delito.
Además, en el país el 80% de los procesos judiciales se dan a nivel local y son resueltos por dichas fiscalías. Si bien hay delitos a nivel federal éstos son los menos y es donde los jueces federales intervienen para hacer valer que las sentencias estén apegadas a derecho.
¿Las Fiscalías y las policías son parte de esta reforma?
No. Especialistas y organizaciones de derechos humanos han criticado que para que exista una reforma al poder judicial es necesario un enfoque integral.
“Une podría pensar que la reforma al poder judicial tiene que ver con la justicia, y la ciudadanía cuando piensa en justicia piensa en la policía y las fiscalías, pero son justo la policía, las fiscalías locales, la Fiscalía General de la República y entes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional Para Prevenir y Eliminar la Discriminación los eslabones que no se tocan en esta reforma y que permiten la impunidad”, explica MolRe.
En México 9 de cada 10 delitos quedan en la impunidad y diversas organizaciones han estudiado que es consecuencia de falta de capacitaciones, independencia y profesionalismo de las fiscalías en la investigación de delitos.
